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Denuncian al intendente de Merlo

14/09/2011 | La Comisión de Derechos Humanos del Congreso nacional recibió testimonios sobre los casos de abuso de poder en el municipio que gobierna Raúl Othacehé. Lo acusan de ser la cabeza de un “entramado de impunidad" junto a los Tribunales de Morón



Raúl Othacehé

   PortalBA-. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso nacional recibió testimonios sobre los casos de abuso de poder en el municipio que gobierna Raúl Othacehé. Lo acusan de ser la cabeza de un “entramado de impunidad" junto a los Tribunales de Morón.

La reunión de la Comisión de Derechos Humanos estuvo presidida por la diputada nacional Victoria Donda y contó con la presencia de los diputados María Luisa Storani (UCR), Roy Cortina (PS), Horacio Alcuaz (GEN), Cecilia Mechan (Libres del Sur) y Elsa Quiroz (Coalición Cívica) y vecinos de Merlo. No asistieron representantes del oficialismo.

Donda recordó El episodio que tiene como protagonista al concejal del Movimiento Libres del Sur, Horacio “Lula” Cepeda, quien está detenido “víctima de una causa armada por el poder político”, y manifestó que están evaluando la posibilidad de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Se nos ha agotado la paciencia”, dijo.

“Tendremos que agotar todas las instancias, incluso los estrados internacionales”, afirmó Cortina, al igual que la radical Storani quien sostuvo que en el Conurbano se están viviendo situaciones “dictatoriales”.

En tanto, la diputada Quiroz dijo que, tras recorrer el distrito, “la gente se está animando a denunciar” la persecución política y la violencia. “Es moneda corriente que se persiga a quienes hagan política de un lado diferente al intendente local”, sentenció Alcuaz minutos después; en tanto que Merchán llamó a “levantar la voz contra Othacehé y su banda”.

Las denuncias quedaron registradas en versión taquigráfica y se hizo hincapié en la campaña de difamación pública, por medio de afiches o folletos, así como las amenazas y  los aprietes de todo tipo contra personalidades políticas, religiosas y sociales que no comulgan con la línea política oficial.

María Fernanda Márquez, ex concejal del FREPASO, dijo que Othacehé “es exactamente lo mismo que los militares han sido”. “La gente tiene miedo; las elecciones en Merlo son una payasada, ¿en qué distrito sucede que en la tarde de las elecciones los fiscales terminen presos?”, se cuestionó la concejal destituida.

El también ex concejal Fernando Aguirre, quien fue expulsado por negarse a votar la privatización de la recolección de residuos, reconoció que ha sido “sistemáticamente perseguido”, al igual que sus hijos, quienes “fueron seguidos a la salida de la escuela”. De igual modo, Aguirre dijo que en Merlo “un opositor no puede tener un negocio habilitado porque es clausurado de inmediato”.

Por su parte, Roxana Mattarolo, abogada defensora del concejal detenido “Lula” Cepeda, narró su experiencia personal que comenzó en 2004, tras haber investigado un caso de remises truchos. Dijo que aún hoy está vigente una “causa armada” en la que se la acusa de “haber apretado con un arma a un puntero de Othacehé” y acusó a la Justicia moronense al respecto.

 “Esta situación absurda no tendría base si no contara con la connivencia del Poder Judicial de Morón sosteniendo el sistema perverso de este hombre”, expresó.

Gustavo Menéndez, candidato a intendente por el partido Grande Merlo, también denunció persecución por parte del poder político local. Enumeró que tuvo “123 panfletos difamatorios” en su contra y “1300 actas de infracción por publicidad ilegal”, lo que implicaría casi 300 mil pesos en multas.

Igualmente, Menéndez denunció las amenazas de muerte que recibió. Mencionó también que “había sido tiroteado el frente de la casa de su madre” y que le habían “reventado” la casa el día de las elecciones, dejándole una boleta con la cara de Othacehé.

Las historias más desgarradoras vinieron de mano de Gastón Marin, quien contó cómo el propio intendente de Merlo le ofreció 50 mil pesos para que silenciara la muerte de su propia hija -sucedida en circunstancias sospechosas en un hospital del distrito- y cómo el juez de turno lo amenazó para que deje de reclamar el esclarecimiento de los hechos; así como la historia de Carmén Villafañe, la fundadora del comedor “La Estrellita” que sufrió el secuestro de una de sus hijas de 16 años, la cual fue torturada por desconocidos.

Algunos de los hechos sucedidos en Merlo fueron denunciados oportunamente ante el Programa Anti Impunidad, la Secretaría de Derechos  Humanos de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.





NCN-.


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