La denuncia se funda en que ante el pedido de la Procuración del Tesoro de la Nación para que se iniciara una acción judicial de “lesividad” contra la empresa Hidden Lake S.A., una sociedad británica propietaria de una estancia de 11.000 hectáreas en la provincia Rio Negro y que se apropiara de Lago Escondido, el Ministerio contestó que no tenía sentido pedir la nulidad de ese acto porque significaba “un dispendio jurisdiccional inútil”.

Cabe apuntar que el magnate inglés Joe Lewis, amigo del presidente Macri, es quien tiene la totalidad de las acciones de esa empresa, que compró las tierras a través de una maniobra fraudulenta diciendo que las adquiría una sociedad de accionistas argentinos.

En efecto, la autorización efectuada por la Comisión Nacional de Zonas de frontera en 1996 se extendió a H.R. Properties Buenos Aires S.A, integrada por argentinos, pero luego de conseguida la misma, se transformó en Hidden Lake, integrada totalmente por accionistas británicos. Esa maniobra permitió la adquisición de la estancia en una zona de frontera, vedada a extranjeros.

La prohibición de adquirir tierras en zonas de frontera por parte de extranjeros, está determinada por las disposiciones del Decreto 15.385/44 ratificado por la ley 12.913.

Cabe destacar que el fraude quedó debidamente probado en la Justicia Federal, por denuncia de la Procuración de Investigaciones Administrativas, pero debido al transcurso del tiempo, los involucrados, el propietario Lewis incluidos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal, por fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el 30 de marzo.